República Dominicana ha iniciado este año la entrega gradual de la renovación de tres documentos clave: la cédula de identidad y electoral, el pasaporte electrónico y la licencia de conducir. Estos cambios buscan no solo actualizar los datos personales de cientos de ciudadanos, sino también incorporar mayor tecnología y elevar los estándares internacionales de seguridad, en un paso hacia la modernización.
Sin embargo, esta transformación, aunque fortalece la seguridad nacional, plantea a la banca un complejo proceso de adaptación. Jesús Geraldo Martínez, economista y asesor financiero, advierte que “si bien una identidad más robusta ayuda a reducir la suplantación, el verdadero impacto dependerá de cómo el sistema financiero gestione esta transición”.
Entonces, surgen varias inquietudes: ¿qué implican estos cambios para la banca dominicana? ¿Disminuyen el riesgo de fraude financiero? ¿Cuáles son los principales desafíos y cómo convertirlos en una ventaja competitiva? Martínez explica que la cédula y el pasaporte son documentos fundamentales para realizar transacciones bancarias, abrir cuentas y solicitar créditos.
Por lo tanto, indica a elDinero que fortalecer estos instrumentos no es un simple cambio de formato; es una inversión estructural en la seguridad del sistema bancario y en la protección del patrimonio de los ciudadanos. “La modernización incorpora mayores elementos de seguridad física y tecnológica, alineándose con estándares internacionales que buscan dificultar la falsificación, la alteración o la suplantación de identidad”, enfatiza el experto en finanzas y regulación bancaria.
Cita que, a nivel global, los documentos electrónicos con componentes biométricos y mecanismos criptográficos han demostrado ser una barrera efectiva contra el fraude documental tradicional. Sin embargo, señala que la experiencia comparada también enseña que el documento por sí solo no elimina el riesgo; lo reduce en la medida en que esté acompañado de procesos adecuados de verificación y de una cultura institucional coherente.
En otras palabras, subraya que no basta con que el país tenga una cédula más segura si el sistema financiero no adapta sus mecanismos de validación a la nueva realidad. Por ello, Martínez enumera los principales desafíos que, a su juicio, enfrentará la banca local en este proceso, entre ellos la coexistencia documental, la adaptación de sus manuales, la inversión tecnológica necesaria y la migración del fraude hacia otros vectores.
Durante la primera etapa convivirán cédulas antiguas y nuevas, así como pasaportes tradicionales y electrónicos. Esta dualidad, indica el consultor financiero, puede generar confusión operativa en sucursales y canales digitales si no se establecen lineamientos uniformes. “El riesgo radica en que los defraudadores aprovechen diferencias en los criterios de validación entre oficinas o empleados”, indica el experto.
En una segunda fase, Martínez precisa que los bancos deberán revisar y ajustar sus políticas de “Conozca a su Cliente”. Reconoce que la nueva documentación ofrece mayores elementos de seguridad, pero enfatiza que, si el proceso interno continúa limitado a una verificación visual o a la simple fotocopia del documento, el beneficio será parcial. “La banca tendrá que adaptar sus manuales, matrices de riesgo y procedimientos de onboarding”, agrega.
Inversión tecnológica
La banca local invierte constantemente; no obstante, el asesor financiero indica que, a medida que el Estado moderniza sus documentos, el sector financiero deberá evaluar si cuenta con los equipos y sistemas adecuados para verificar las nuevas características de seguridad. Esto, afirma, puede implicar la actualización de software, la integración con bases de datos oficiales, cuando sea posible, y el fortalecimiento de herramientas de validación digital en canales remotos.
Otro desafío será la capacitación del personal. Martínez asegura que ninguna innovación documental tendrá efecto si el capital humano no está preparado. Precisa que los oficiales de servicio, analistas de crédito y equipos de cumplimiento deberán conocer las nuevas medidas de seguridad y saber identificar inconsistencias. “La capacitación será clave para cerrar brechas operativas”, recalca.
Respecto a la integración con biometría y autenticación reforzada, señala que, en una etapa más avanzada, la banca deberá considerar esquemas de verificación más sólidos, como la biometría facial con prueba de vida en operaciones digitales de alto riesgo. Esto, afirma, no solo reduce la suplantación en aperturas de cuentas, sino también en solicitudes de crédito o recuperación de accesos.
Agrega que, a mayor sofisticación en la identificación, mayor sensibilidad en la información manejada. “El reto será equilibrar seguridad con privacidad, cumpliendo estándares de confidencialidad y fortaleciendo controles internos para evitar filtraciones o usos indebidos de datos personales”, expresó.
Migración del fraude
Martínez alerta sobre la migración del fraude hacia otros vectores. Señala que la experiencia internacional demuestra que, cuando se fortalece el documento físico, el fraude tiende a desplazarse hacia la ingeniería social, el phishing o la toma de control de cuentas. “La banca deberá anticipar este desplazamiento y reforzar el monitoreo transaccional y la autenticación multifactor”, advierte.
No obstante, indica que el desafío más amplio será convertir esta modernización en una ventaja competitiva. Señala que una identidad más segura puede reducir pérdidas por suplantación, disminuir reclamaciones y fortalecer la confianza del cliente. Entiende que esto solo será posible si el sector asume una visión integral y coordinada con las autoridades.
“En este proceso de modernización documental que vive la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos tiene una oportunidad estratégica para fortalecer el marco prudencial y acompañar a las entidades financieras en una transición ordenada y homogénea”, expresa.
Desde el punto de vista regulatorio, indica que sería recomendable emitir lineamientos específicos y temporales sobre la coexistencia de documentos antiguos y nuevos, definiendo criterios claros de aceptación, validación y actualización de datos de clientes. “La uniformidad regulatoria evitaría interpretaciones dispares entre entidades y reduciría ventanas de arbitraje operativo que puedan ser aprovechadas por redes de suplantación”, argumenta.
Asimismo, podría evaluarse la actualización de la normativa de debida diligencia y gestión del riesgo operativo para incorporar estándares mínimos de verificación reforzada, especialmente en procesos digitales y en operaciones de mayor exposición. No se trata necesariamente de imponer una tecnología específica, sino de establecer principios de autenticación fuerte, trazabilidad y control interno alineados con estándares internacionales.
“Paralelamente, sería prudente fomentar esquemas de interoperabilidad segura con las entidades emisoras de identidad, promoviendo canales de consulta o validación que, bajo protocolos de confidencialidad y protección de datos, eleven la confiabilidad del proceso KYC”, sostiene.
Subraya que la SB podría impulsar un enfoque preventivo basado en riesgo, promoviendo capacitaciones sectoriales, mesas técnicas con la Junta Central Electoral y la Dirección General de Pasaportes, y el monitoreo específico de tendencias de fraude durante el período de transición. Sostiene que la modernización de la identidad no debe verse únicamente como un cambio administrativo, sino como una reforma estructural del perímetro de seguridad financiera.
“Si el regulador lidera este proceso con visión sistémica, coordinación interinstitucional y claridad normativa, el país no solo reducirá la suplantación de identidad, sino que consolidará un sistema bancario más resiliente, moderno y alineado con las mejores prácticas internacionales”, puntualizó Martínez.