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El enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt, reveló que en la República Dominicana se registran alrededor de 3,000 muertes al año por siniestros de tránsito, lo que equivale a una tasa de 27 fallecidos por cada 100,000 habitantes.

Durante la Reunión Ministerial de Alto Nivel de Articulación de Acciones por la Seguridad Vial, Todt señaló que los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muerte en jóvenes de 5 a 29 años a nivel global, cobrándose cerca de 1.2 millones de vidas cada año.

En el ámbito local, datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial indican que, en lo que va de año, 1,101 personas han perdido la vida en las vías, y cerca del 70 % de los casos involucra a motocicletas. En 2025, las víctimas mortales sumaron 2,992, de las cuales 1,995 circulaban a bordo de un motor.

Ante este panorama, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, presentó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030. 

Morrison subrayó que la gran mayoría de los decesos en motocicletas ocurren por no usar casco protector o llevar uno inadecuado. 

Como medida preventiva, coordinará con las empresas comercializadoras para que cada motocicleta se venda con dos cascos homologados.

Por su parte, el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, advirtió que la alta siniestralidad vial representa un impacto económico superior al 2.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que abogó por una respuesta estatal unificada.

Red de trauma y educación vial

Como parte de las acciones interinstitucionales, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, anunció la ampliación de la Red Nacional de Trauma, que pasará de dos a siete hospitales especializados, además del fortalecimiento de la Red Nacional de Sangre.

Asimismo, Morrison informó que para el año escolar 2026-2027 la educación vial será obligatoria en la secundaria. 

Tras un acuerdo con el Ministerio de Educación, 30 de las 60 horas de servicio social obligatorio que realizan los estudiantes de sexto de secundaria se destinarán a labores de formación e inspección comunitaria.

A pesar de las proyecciones gubernamentales para estabilizar el sistema energético a largo plazo, la frase “está llegando muy cara” se repite a diario entre los clientes de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), quienes denuncian aumentos desproporcionados en sus recibos sin haber variado sus hábitos de consumo.

En un recorrido realizado por estafetas de pago de Edesur y Edeeste en sectores de la capital como La Cementera, Ensanche Luperón y Capotillo, periodistas de Listín Diario constataron el descontento generalizado de los usuarios ante alzas que, en algunos casos, superan el 120 % en cuestión de meses.

Calvario en reclamos

Moradores relatan que, aun utilizando equipos con tecnología inverter y limitando el uso de electrodomésticos, sus facturas pasaron de RD1,000 a más deRD3,000 o RD$5,000 mensuales. 

Al acudir a la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), aseguran que las respuestas suelen declarar sus reclamos “improcedentes” o aplicar reducciones insignificantes que obligan al usuario a desistir.

A esta situación se suman las trabas administrativas y las fallas en el suministro.

Algunos clientes reportan cobros por supuestas deudas de viviendas anteriores que les impiden contratar nuevos contratos, así como fluctuaciones extremas de voltaje que dañan los electrodomésticos sin que las distribuidoras acudan a corregir las averías.

El malestar ciudadano contrasta con lo expuesto por el presidente Luis Abinader durante un reciente encuentro en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), donde aseguró que el Gobierno trabaja para dejar resuelto el problema energético hasta el año 2032.

El mandatario explicó que al inicio de su gestión la demanda rondaba los 2,650 megavatios (MW) y que hoy supera los 4,100 MW, lo que ha exigido licitaciones de emergencia por más de 2,000 MW adicionales para cubrir el acelerado crecimiento del consumo nacional.

Sin embargo, en las calles, los consumidores afirman que la expansión del sistema se traduce hoy en un bolsillo cada vez más golpeado.  

El presidente Luis Abinader dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcial mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha evidenciado.

La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.

La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.

El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.

La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.

¿Cómo se identificarán esos productos?

En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.

Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.

Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.

El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.

En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.

¿Qué es trabajo forzoso?

Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.