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Con una inversión aproximada de RD$1,000 millones, avanza en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, la construcción de un complejo educativo y deportivo que integrará una escuela básica, un centro de educación inicial, un politécnico con formación técnica especializada y modernas instalaciones para la práctica deportiva.

De acuerdo con el director de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), ingeniero Roberto Herrera, la obra presenta un 97 % de ejecución, por lo que se encuentra en su etapa final.

El proyecto contempla una superficie aproximada de 35,697.90 metros cuadrados, con 55 aulas académicas y una capacidad de atención directa superior a 2,400 estudiantes.

Uno de sus componentes es la Escuela Básica Paula Jaime Abreu, cuya infraestructura tiene un área de construcción de 3,858.88 metros cuadrados. El centro dispone de aulas estándar y capacidad estimada para 1,080 estudiantes.

A esto se suma el área de educación inicial, compuesta por tres aulas, dos baños con ducha incluida y cocina, con una matrícula prevista de 35 estudiantes por aula. El espacio también contará con un área de juegos infantiles. Entre la escuela básica y el área de inicial se encuentra una plaza cívica.

El complejo también incluye el Politécnico Deportivo José Cheche Abreu Vargas, con 6,859.02 metros cuadrados de construcción, 28 aulas estándar y capacidad para 1,120 estudiantes.

La formación técnica estará distribuida en diferentes niveles. En el primero funcionarán las áreas de Gastronomía y Turismo, con espacios diseñados para que los estudiantes realicen prácticas similares a las de un restaurante, además de cocina caliente, pastelería, una habitación que simula una instalación hotelera y aulas para la formación teórica.

En el segundo nivel estarán las áreas de Enfermería, Medio Ambiente y Riesgos Laborales, mientras que el tercero estará destinado a la Animación Físico-Deportiva y Socorrismo, Acondicionamiento Físico y Entrenamiento Deportivo.

Según lo informado, los talleres del politécnico comenzarían a funcionar en enero.

Un complejo también para el deporte

La iniciativa incorpora además un complejo deportivo de 24,980 metros cuadrados.

La infraestructura deportiva incluye un estadio de béisbol, pista de atletismo, dos canchas techadas, gimnasio y cafetería, además de un techado para una cancha doble con áreas de asientos.

El proyecto contempla también el Museo Deportivo Pedro Martínez, destinado a preservar y exhibir el legado del destacado pelotero dominicano, así como una oficina para el exbeisbolista.

Como parte de las instalaciones complementarias, se construyó un destacamento de vigilancia para la seguridad de las personas que utilicen el recinto y un área de estacionamiento con capacidad para aproximadamente 90 vehículos. La zona administrativa también dispone de un área de enfermería.

Para el director de la DIE, la obra constituye una propuesta sin precedentes en el país al combinar en un mismo espacio diferentes niveles de formación educativa con la preparación deportiva.

“Este proyecto, sin duda, no tiene referente aquí en el país. Es una novedad y hay que reconocer que es el fruto del esfuerzo, no solo del gobierno, sino también de la Fundación Pedro Martínez, que le ha dado el seguimiento del lugar y ha encontrado en el presidente Luis Abinader el apoyo para la inversión que se ha hecho”, expresó Herrera.

El director de Infraestructura Escolar destacó que el proyecto permitirá que los niños y jóvenes de la comunidad tengan acceso tanto a la educación académica como a la formación deportiva.

“Aquí este proyecto conjuga la educación de los politécnicos, escuela básica, aulas iniciales, que es sin duda la novedad de este tema educativo que introdujo este gobierno”, afirmó Herrera.

Agregó que se busca crear un espacio donde “el niño del barrio pueda venir a estudiar” y, además de prepararse académicamente, tenga la posibilidad de formarse en distintas disciplinas deportivas.

La idea de una justicia robotizada o dictar condenas mediante un “robot juez” ya no pertenece al mundo de la ciencia ficción; sin embargo, sigue siendo objeto de debate.

Es así como el uso de la inteligencia artificial en el poder judicial y los límites jurídicos fue uno de los temas impulsados por el Tribunal Constitucional (TC) en la apertura del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia enfocado en el “Debido proceso constitucional en materia penal”, este lunes.

Durante la conferencia titulada “El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot”, el jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, estimuló el diálogo, al ofrecer las ventajas de la IA, no sin antes restarle validez a algunas de sus virtudes.

El doctor Greco sostuvo que, si bien el uso de algoritmos y modelos de inteligencia artificial generativa es técnicamente factible, resulta inaceptable desde el punto de vista ético y normativo, debido a que esto implica “ejercer el poder de juzgar sin la responsabilidad individual del juzgador”.

Es aquí donde radica la barrera decisiva insuperable para el robot: “A diferencia del ser humano, el robot no responde de lo que él decide, porque él, en el sentido estricto, no existe. El robot no rinde cuentas de su decisión y mucho menos de sus razones. No puede mirar a los ojos a quien se ve afectado por su ejercicio de poder”, aseguró.

A su juicio, la labor de tomar decisiones judiciales como emitir sentencias y ejercer otras funciones debe estar apegada a la supervisión humana, debido a los peligros que enfrenta el uso de la inteligencia artificial.

“¿Cómo puede el robot decidir sobre la vida de alguien si literalmente no tiene ni idea de lo que es vivir? El juez robot significa poder de juzgar sin responsabilidad de jugador. La conexión entre poder y responsabilidad que impregna todo el derecho no puede romperse precisamente en el poder judicial”, manifestó.

Por lo que el jurista mantiene su postura de que “el día en que se delegue a la máquina la redacción de sentencias judiciales, faltarán jueces que puedan leer y controlar esas decisiones. Se producirá un tsunami de decisiones que orillará los pequeños diques de supervisión humana como si ni siquiera estudiaran ahí”.

Acerca del congreso

El congreso internacional liderado por el Tribunal Constitucional reúne a más de 45 expertos nacionales e internacionales del derecho penal, procesal penal y constitucional, provenientes de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.

Esta actividad se lleva a cabo del 21 al 23 de septiembre en el Hotel Jaragua, en Santo Domingo.

Durante el inicio de la jornada, el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier enfatizó que “defender el debido proceso no significa defender la impunidad: significa defender la Constitución; significa defender la dignidad humana como valor supremo y, sobre todo, significa defender la idea misma de justicia”.

Al pronunciar el discurso inaugural, el magistrado presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, señaló que abordar el debido proceso implica analizar las restricciones que una sociedad democrática impone al ejercicio del poder. En ese sentido, citó al jurista italiano Luigi Ferrajoli, recordando que «las garantías son, pues, los límites y las condiciones del correcto proceso».

Estévez Lavandier resaltó que el artículo 69 de la Constitución consagra estas garantías fundamentales, que “lejos de constituir simples formalidades procesales, representan verdaderos límites constitucionales al ejercicio del poder”.

En ese sentido, hizo referencia a decisiones previas del pleno del Tribunal Constitucional, al conceptualizar el debido proceso como “un derecho fundamental y como un principio jurídico-procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oída y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador”.

Asimismo, al ofrecer las palabras de motivación, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, resaltó la importancia de realizar estos encuentros para dialogar sobre los retos del sistema judicial y, además, afirmó que el Tribunal Constitucional ha desarrollado y fortalecido las garantías del debido proceso.

A cuatro semanas del inicio del año escolar 2026-2027, pautado para el pasado 24 de agosto, estudiantes de varios centros educativos aún no han podido incorporarse de manera presencial a las aulas debido a trabajos de infraestructura que permanecen pendientes.

Uno de los planteles que todavía no ha iniciado la docencia presencial es la Escuela Básica República de Belice, que cuenta con una matrícula de 917 estudiantes de los niveles inicial y primario.

Mientras culminan los trabajos, los alumnos reciben docencia de manera asincrónica todos los días, mediante actividades coordinadas con sus maestros y bajo la supervisión de los orientadores y el equipo de informática del centro.

La directora del plantel, Sonia del Carmen Pérez, explicó que, hasta el momento, uno de los trabajos que permanece pendiente es la pintura de las instalaciones y están pautados para concluir el lunes 5 de octubre.

Anteriormente, el centro presentaba fallos eléctricos, por lo que algunos abanicos resultaron dañados y, según explicó la directora, ya fueron solucionados.

A pesar de que los estudiantes todavía no reciben docencia presencial, cada viernes acuden al centro junto a sus padres para recibir las raciones correspondientes al programa de alimentación escolar.

Inicio clases con dificultad

En la Escuela Elda Josefa Reyes Mendoza, el año escolar solo inició en el nivel primario, mientras que a cuatro semanas de la apertura del nuevo año escolar los estudiantes de secundaria continúan sin recibir docencia.

Según la directora del plantel, Milagros Vásquez, la razón por la que el nivel secundario no pudo iniciar la docencia es por deficiencias en algunas partes de la infraestructura y la entrega tardía de tres aulas modulares, así como el acondicionamiento de dos baños que continúan sin ser intervenidos.

“Nosotros abrimos donde no había peligro”, manifestó Vásquez.

Aunque en el centro educativo se construyeron cinco filtrantes, la directora aseguró que, al llover, la entrada acumula agua por varios días.

Los estudiantes del nivel secundario estarían integrándose a las clases virtuales en los próximos días para reponer las clases perdidas y no retrasar la enseñanza según el calendario escolar.

Sin comedor desde hace años

Otra dificultad que presenta la Escuela Elda Josefa Reyes Mendoza es que los estudiantes disponen de tres estaciones para la preparación y distribución de alimentos, pero carecen de un comedor.

Ante esta situación, los alumnos deben consumir sus alimentos dentro de las aulas.

La directora del centro educativo señaló que desde el año 2014 solicitó la construcción de un comedor que permita mejorar las condiciones en las que los estudiantes reciben sus alimentos.

Entre las propuestas planteadas para solucionar la falta de espacio se encuentra la construcción de una estructura de doble función: un comedor en la parte inferior y una cancha deportiva en el nivel superior.

El plantel también presenta dificultades relacionadas con el suministro de agua en la parte frontal del centro.

Mientras estas condiciones persisten, los estudiantes del nivel secundario continúan sin recibir docencia presencial.

La matrícula de este centro está compuesta por 121 estudiantes del nivel inicial; 462 en el primer ciclo de primaria; 493 en el segundo ciclo de primaria, y 244 en el primer ciclo de secundaria.

Otro centro pendiente

A estos planteles se suma el Liceo Secundario e Instituto Tecnológico Unión Panamericano, que también figura entre los centros educativos cuyos estudiantes enfrentan dificultades para incorporarse con normalidad a las aulas, aunque en este se encuentran recibiendo docencia virtual.

Al visitar el plantel, uno de sus colaboradores expresó que a la fecha solo falta la colocación de una lona asfáltica, acondicionamiento de los parqueos, ventanas y otras áreas, así como la terminación de pintura.

La situación se produce cuando ya han transcurrido cuatro semanas desde el inicio oficial del año escolar 2026-2027, periodo en el que las autoridades educativas han llamado a garantizar que los estudiantes puedan recibir docencia en condiciones adecuadas.

Las condiciones de infraestructura de los centros educativos han sido uno de los temas recurrentes durante el inicio de este año escolar, debido a trabajos de mantenimiento, reparación y adecuación que en algunos planteles se han extendido más allá de la fecha prevista para el regreso a las aulas.

El artista Gilberto Julián Sarante Perdomo (Julián Oro Duro) dijo a los investigadores que fue sorprendido cuando llegó a su casa a eso de la 1:00 de la madrugada, por unos individuos que ya habían agredido a su esposa Zeneida Socorro Castillo, quien falleció en el acto.

A Julián lo despojaron de dinero en efectivo, prendas preciosas y un teléfono celular.

Las pesquisas establecen de manera preliminar que la mujer habría sido atacada antes de la llegada de su esposo, mientras las circunstancias y el móvil del hecho continúan bajo investigación.

La residencia de Julián está ubicada en la calle Penetración, del Sector Brisa Oriental VI, en San Domingo Este.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, que investiga el caso junto al Ministerio Público, el propio artista dio esas declaraciones a los investigadores. Este presenta lesiones craneofaciales y hemorragia intracraneal, según evaluación médica.

La Policía Nacional informó que varios equipos de investigadores, adscritos a la División de Investigación de Delitos Contra las Personas (Homicidios), en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Científica, profundizan las pesquisas en torno a la muerte la señora Zeneida Socorro y las heridas provocadas al artista.

Socorro Castillo murió a consecuencia de trauma craneofacial y una herida corto-penetrante en la región lateral izquierda del cuello, conforme al diagnóstico médico-legal preliminar.

La Policía Nacional mantiene desplegados varios equipos para identificar, localizar y poner a disposición de la justicia a los responsables, bajo la coordinación del Ministerio Público.