El empresario y presidente ejecutivo del Grupo Rica, Pedro Brache, destacó el potencial de la facturación electrónica como herramienta para impulsar la formalización empresarial, fortalecer la bancarización y ampliar las oportunidades de acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en República Dominicana.
Durante el Foro Económico elDinero 2026, Brache explicó que este proceso representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema que permita a las empresas transparentar sus operaciones y construir un historial verificable de su actividad económica.
El empresario señaló que, tomando como referencia experiencias de otros países de América Latina, la facturación electrónica puede convertirse en un mecanismo que facilite la inclusión financiera de las pymes, al generar información sobre sus operaciones y ofrecer evidencia de su desempeño comercial, más allá de los mecanismos tradicionales de bancarización de las personas físicas.
Asimismo, planteó la posibilidad de que República Dominicana avance hacia un mercado secundario en el que las facturas electrónicas puedan negociarse. Según explicó, este modelo permitiría desarrollar un mercado organizado de valores que abarque todo el proceso, desde la emisión y confirmación de las facturas hasta su posterior negociación.
Brache consideró que estas iniciativas deben formar parte de una visión que coloque a las pymes en el centro de las discusiones sobre el desarrollo económico, particularmente en temas como el acceso al crédito, la competencia y la regulación, por su importancia para fortalecer el tejido empresarial.
El economista plantea cambios en la Seguridad Social, el sistema tributario, la legislación laboral y la defensa de la competencia para responder al desgaste de las reformas implementadas
República Dominicana necesita una nueva ola de reformas económicas y estructurales para actualizar su marco institucional y responder a los desafíos de productividad y competitividad, consideró el economista Alejandro Arredondo.
El especialista señaló que entre los cambios pendientes figuran una reforma integral de la Seguridad Social, modificaciones al sistema tributario, la actualización de la legislación laboral y ajustes en las normas de defensa de la competencia.
Durante su participación en el Foro Económico elDinero 2026, titulado “La nueva fiscalidad: retos impostergables para la economía dominicana”, celebrado en Santo Domingo, Arredondo sostuvo que las reformas implementadas por el país a principios de la década de 1990 han perdido vigencia frente a las nuevas necesidades de la economía.
«El país necesita una nueva ola de reformas económicas, estructurales», afirmó al considerar que estos cambios requieren la participación del liderazgo político, empresarial y social.
El economista explicó que la agenda debe trascender los ajustes fiscales y abordar otros componentes que inciden en el funcionamiento de la economía. Entre ellos mencionó la Seguridad Social, el mercado laboral y las condiciones de competencia en las actividades comerciales.
A su juicio, la reforma tributaria debe abordarse de manera integral, mientras que los cambios laborales y de seguridad social también son necesarios para atender los desafíos estructurales del país.
*Disciplina fiscal y competitividad*
Arredondo también se refirió a las condiciones que necesita República Dominicana para fortalecer la confianza de los mercados, reducir las tasas de interés y dinamizar la inversión privada.
En ese sentido, identificó la evasión fiscal y el gasto público innecesario como aspectos que deben atenderse para mejorar la disciplina presupuestaria. Consideró necesario reducir los gastos superfluos y mantener la estabilidad en el manejo de los recursos del Gobierno.
Asimismo, advirtió que el sistema tributario dominicano se ha vuelto complicado para las empresas, particularmente por los requerimientos administrativos y las obligaciones que deben cumplir ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Señaló que algunas modificaciones introducidas en la última reforma tributaria han obligado a las compañías a contratar personal para realizar determinadas operaciones exigidas por la administración fiscal, lo que añade cargas a su funcionamiento.
El planteamiento coloca la simplificación tributaria y la actualización del marco regulatorio entre los asuntos que deberían formar parte de la nueva agenda de reformas económicas que propone el especialista.
El economista Franklin Vásquez considera que República Dominicana debe revisar las exenciones y exoneraciones fiscales que concede el Estado para dirigir esos beneficios hacia los sectores que realmente los necesitan, en lugar de mantener incentivos tributarios de manera generalizada.
Su propuesta consiste en llevar el gasto tributario a cero y, posteriormente, establecer asignaciones y exenciones focalizadas, una medida que, a su juicio, permitiría mejorar el aprovechamiento de los recursos que el Estado deja de percibir mediante beneficios fiscales.
«Yo apuesto a que el gasto tributario se lleve a cero», expresó Vásquez durante su participación en el Foro Económico elDinero 2026, titulado “La nueva fiscalidad: retos impostergables para la economía dominicana”, celebrado en Santo Domingo.
El economista situó el gasto tributario en RD$444,000 millones y consideró que su revisión permitiría identificar cuáles incentivos deben mantenerse y cuáles requieren modificaciones. Entre los ejemplos que mencionó figura el tratamiento tributario de una parte de los combustibles, aunque no especificó los cambios que deberían aplicarse.
El planteamiento forma parte del debate sobre cómo aumentar los ingresos públicos sin trasladar indiscriminadamente una mayor carga tributaria a los hogares y las empresas.
Vásquez sostuvo que los ajustes fiscales deben procurar que quienes tienen mayores ingresos y capacidad económica asuman una proporción más elevada de los impuestos. En ese sentido, mencionó las ganancias empresariales, las utilidades y los grandes ahorros como posibles fuentes para fortalecer las recaudaciones.
También advirtió que históricamente la clase media ha soportado buena parte del peso de los ajustes tributarios, por lo que consideró necesario evitar que una reforma afecte los bienes y servicios que consume la población de menores ingresos.
Calidad del gasto y formalización
Para Vásquez, la sostenibilidad fiscal no depende exclusivamente de la cantidad de trabajadores que cotizan en el sistema formal, sino de que los ingresos públicos sean suficientes para cubrir las obligaciones del Estado.
Explicó que las finanzas públicas deben permitir atender tres grandes compromisos: el funcionamiento administrativo, el pago de la deuda y las inversiones necesarias para el desarrollo de infraestructura.
Por eso, consideró que el control del gasto y la calidad de las asignaciones presupuestarias deben acompañar cualquier esfuerzo para aumentar las recaudaciones y reducir el déficit fiscal.
Sobre la inversión pública, señaló que educación mantiene una asignación equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB), mientras que identificó mayores desafíos en salud e infraestructura. Agregó que la inversión en infraestructura se ha ralentizado durante el último año.
El economista también señaló que la reducción de la informalidad debe formar parte de la estrategia fiscal. En ese contexto, identificó la facturación electrónica como una herramienta que puede contribuir a formalizar las actividades económicas y ampliar las recaudaciones en el mediano y largo plazo.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del sector construcción no están preparadas para asumir la implementación de la facturación electrónica en República Dominicana, debido a las limitaciones tecnológicas y de capacitación que enfrentan, advirtió Eliseo Christopher.
El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon) consideró que, aunque reconoce las ventajas de esta herramienta para mejorar el control tributario, su aplicación debe ser gradual para evitar que se convierta en una carga financiera y operativa para los pequeños negocios.
«Definitivamente las mipymes no estamos preparados para la facturación electrónica», afirmó durante su participación en el Foro Económico elDinero 2026, titulado “La nueva fiscalidad: retos impostergables para la economía dominicana”, celebrado en Santo Domingo.
Christopher señaló que la transición requiere inversiones en tecnología y capacitación para que los pequeños empresarios puedan cumplir con las nuevas obligaciones fiscales. También cuestionó la capacidad de respuesta de la plataforma de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al indicar que recientemente presentó dificultades para atender a las mipymes que intentaban ponerse al día con sus compromisos tributarios.
A su juicio, no todas las empresas pequeñas están en condiciones de incorporarse simultáneamente a la facturación electrónica, por lo que consideró necesario disponer de tiempo y acompañamiento para facilitar su adaptación.
Formalización y régimen tributario
El dirigente empresarial también identificó la complejidad del sistema tributario como uno de los principales obstáculos para la formalización de las empresas del sector construcción.
Explicó que las mipymes enfrentan obligaciones similares a las de las grandes compañías, pese a que no cuentan con la misma capacidad administrativa ni financiera para contratar contadores, auditores y personal especializado.
Christopher sostuvo que más del 85% de las empresas del sector construcción opera en la informalidad, una situación que limita sus oportunidades de crecimiento y acceso al crédito.
En ese contexto, defendió la creación de un régimen tributario simplificado y especializado para las pequeñas empresas constructoras. Entre las alternativas mencionó el monotributo, que permitiría concentrar las obligaciones tributarias en un esquema más accesible.
También propuso establecer períodos de gracia para los emprendimientos nuevos, de uno o dos años, antes de que comiencen a asumir plenamente sus compromisos fiscales. La idea, explicó, es que las empresas puedan crecer y consolidarse antes de enfrentar mayores exigencias tributarias.
Para Christopher, simplificar la tributación y ofrecer incentivos específicos a las microempresas son condiciones necesarias para reducir la informalidad y facilitar su incorporación a la economía formal.
Las dificultades para obtener permisos, el alto costo del financiamiento y las presiones del entorno internacional figuran entre los principales desafíos que enfrenta el sector empresarial dominicano, advirtió el economista Haivanjoe Ng Cortiñas.
En la antesala del Foro Económico elDinero 2026, titulado La nueva fiscalidad: retos impostergables para la economía dominicana, el economista señaló que existen cuellos de botella en distintas instituciones públicas que dificultan el desarrollo de nuevas inversiones.
Explicó que las quejas de los sectores interesados en invertir abarcan desde los gobiernos locales hasta los ministerios de Medio Ambiente y de Vivienda, especialmente por los procesos relacionados con los permisos de construcción. A su juicio, estas trabas restan competitividad y desincentivan la inversión.
Ng Cortiñas también identificó el elevado costo del financiamiento como uno de los principales problemas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), debido a que encarece las inversiones y dificulta el acceso a recursos complementarios en condiciones competitivas.
De cara al próximo año, el economista consideró que el Gobierno debe priorizar el aumento del gasto de capital para contrarrestar el deterioro en la composición del gasto público, ante el crecimiento que ha experimentado el gasto corriente.
En cuanto a los inversionistas, advirtió que deberán prestar atención a las condiciones del entorno internacional, particularmente a los precios de los derivados del petróleo, la política arancelaria de Estados Unidos y el encarecimiento de los insumos agrícolas, factores que inciden en los costos de producción agropecuaria.
Ampliar la base imponible del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), sin aumentar su tasa, es una de las medidas que plantea el sector empresarial para fortalecer las recaudaciones del Estado dominicano y contribuir a la sostenibilidad fiscal.
La propuesta fue presentada por el abogado Jaime Senior, durante su participación en el Foro Económico elDinero 2026, titulado “La nueva fiscalidad: retos impostergables para la economía dominicana”, celebrado en Santo Domingo.
Senior consideró que el ITBIS tiene demasiadas exenciones, lo que complica su aplicación y fiscalización, además de generar oportunidades para el fraude y la elusión tributaria.
«No es una cuestión de aumentar la tasa del ITBIS, pero el ITBIS tiene demasiadas exenciones», afirmó al identificar la ampliación de su base como una medida que no debería seguir posponiéndose.
A su juicio, reducir las exenciones permitiría facilitar la fiscalización y el cobro del impuesto, al tiempo que contribuiría a consolidar la base de recaudación tributaria.
El planteamiento se produce en medio del debate sobre una eventual reforma fiscal en República Dominicana, en el que el sector empresarial ha insistido en que cualquier modificación tributaria debe estar acompañada de una revisión de la calidad del gasto público.
Reforma y gasto público
El abogado sostuvo que el sector privado no teme necesariamente pagar más impuestos, pero demanda claridad en las reglas de aplicación y transparencia en el destino de los recursos recaudados.
«La presión tributaria tiene que aumentar, pero el sector privado no le teme a pagar más impuestos», expresó. Agregó que la carga tributaria debe distribuirse bajo criterios claros y que la inversión pública debe reflejar transparencia.
En ese sentido, consideró que una reforma fiscal debe estar precedida o acompañada de una revisión del gasto público y de otros factores que inciden en la actividad económica, como la reforma laboral.
Senior cuestionó que el gasto corriente mantenga una participación elevada, mientras la inversión pública continúa en niveles relativamente bajos. A su entender, sin cambios en esas áreas será difícil alcanzar el consenso social necesario para respaldar una reforma tributaria.
Otro de los aspectos que abordó fue la revisión de los incentivos fiscales. Señaló que el Estado puede evaluar y desmontar exenciones cuando hayan cumplido su propósito, pero advirtió que esos cambios deben aplicarse hacia futuras inversiones y no afectar proyectos que ya fueron ejecutados.
Explicó que muchas inversiones se realizan con horizontes de cinco, diez, 25 o incluso 30 años, por lo que modificar las condiciones fiscales de manera retroactiva podría afectar la seguridad jurídica.
«No pueden afectar las inversiones que ya están realizadas», sostuvo al defender que cualquier eliminación de incentivos se aplique de manera prospectiva.
Senior también planteó que las reglas tributarias deben tener claridad y transparencia, con la menor discrecionalidad posible en su aplicación, para preservar la confianza de los inversionistas.
El 87% de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SB) reconoce que los temas ambientales y climáticos pueden generar impactos financieros materiales, mientras que el 36% ya cuenta con responsables o estructuras organizacionales dedicadas a estos temas.
Los datos se desprenden de la segunda Encuesta sobre Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (RAS), que además revela que casi la mitad de las entidades se encuentra en proceso de crear las condiciones internas para realizar una gestión sistemática de los riesgos y oportunidades relacionados con el medio ambiente.
La encuesta también identificó avances en la adopción del Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), pues ya el 24% de las entidades reportó encontrarse en alguna fase de implementación de estos sistemas y un 29% indicó estar evaluando su adopción.
Asimismo, el informe traza una clara ruta de crecimiento para la infraestructura tecnológica y la evaluación crediticia. Actualmente, el 36% de las entidades se posiciona para liderar el desarrollo de mecanismos para clasificar sus carteras como verdes, mientras que un grupo pionero del 11% ya está marcando la pauta al integrar el análisis climático en la calificación de sus clientes, delineando el próximo estándar de modernización para el resto del sistema.
De forma general, los resultados reflejan una mayor conciencia sobre los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el sistema financiero dominicano, así como avances en la estructuración de políticas, responsabilidades y metodologías para abordarlos.
Como parte de este proceso, la SB continuará promoviendo el fortalecimiento de capacidades técnicas, el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de herramientas que faciliten la integración de criterios ASG en la gestión de riesgos y en los procesos de financiamiento, contribuyendo así a la resiliencia y sostenibilidad del sistema financiero nacional.
El levantamiento, aplicado al 100% de las entidades supervisadas, permitió evaluar el progreso del sector respecto a la línea base levantada en febrero de 2024 y medir su nivel de preparación para gestionar riesgos asociados al cambio climático y la sostenibilidad. La medición se estructuró conforme a los cuatro pilares del marco internacional de Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD): gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos.
Asociación Cibao realizó encuentros en Santo Domingo y Santiago, dirigido a clientes empresariales, dedicados al análisis del panorama macroeconómico nacional e internacional para el período 2026-2028, con la participación de los economistas Jaime Aristy Escuder y Raúl Ovalle.
Las jornadas estuvieron orientadas a compartir información sobre las perspectivas económicas, los factores que inciden en la actividad productiva y los desafíos y oportunidades que presenta el entorno actual para la planificación financiera y la toma de decisiones.
Durante su ponencia, el economista Jaime Aristy Escuder señaló que la economía dominicana mostraba un desempeño superior a las expectativas, con una expansión interanual de 5.6% en septiembre y un acumulado de 4.6% entre enero y septiembre de 2026. No obstante, advirtió que este dinamismo coexistía con importantes presiones inflacionarias, tasas de interés elevadas y riesgos cambiarios, en un entorno internacional marcado por la desaceleración económica y el encarecimiento de la energía.
Aristy Escuder identificó la construcción, la minería y el turismo como los principales motores de la actividad económica nacional. Asimismo, alertó sobre el incremento del déficit fiscal, el costo y la limitada focalización de los subsidios a los combustibles, así como sobre una posible sobrevaluación del peso dominicano que podría anticipar una depreciación en los próximos meses.
Por su parte, el economista Raúl Ovalle, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), destacó que la economía dominicana ha crecido al doble del ritmo del año pasado, en medio de lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) ha calificado como la mayor interrupción del suministro petrolero de la historia. Recordó que, en octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 4.6% su proyección de crecimiento para el país en 2026, la segunda más alta entre las economías de Centroamérica y República Dominicana, y que a inicios de noviembre Fitch Ratings mejoró la calificación soberana de BB- a BB.
Rubén Portes, Raúl Ovalle y Jairon Severino.
Sin embargo, coincidió con Aristy Escuder en que el entorno presenta riesgos importantes. Entre ellos citó tasas de interés internacionales más altas, mayores costos logísticos y fertilizantes más caros, que, junto a un posible fenómeno de El Niño, podrían reducir la productividad agrícola y presionar la inflación, especialmente de alimentos. El principal riesgo, subrayó, sigue siendo el encarecimiento de la energía y de los combustibles.
Los encuentros también incluyeron un conversatorio con la participación de los economistas invitados, junto a los periodistas Jairon Severino, Esteban Delgado y Rubén Martínez, quienes profundizaron sobre las perspectivas económicas y sus implicaciones para distintos sectores productivos.
En cuanto a las perspectivas para 2027, Aristy Escuder proyectó un crecimiento más moderado, mayores tasas de interés y un tipo de cambio más elevado. A su juicio, el principal desafío consistiría en sostener la expansión económica por encima del 4%, en un contexto que exigiría prudencia en la conducción de las políticas monetaria y fiscal.
En palabras de Ovalle: “Estamos creciendo, pero avanzamos sobre un río de piedras resbalosas”. A su juicio, las autoridades han logrado sortear los riesgos hasta ahora, pero si el shock energético se prolonga, lo más probable es que introduzcan ajustes para garantizar la sostenibilidad fiscal. Estos implicarían un mayor traslado de los precios internacionales a hogares e industrias, protegiendo a los más vulnerables. Para 2027, recordó que el FMI proyecta un crecimiento de 4.4 % para la economía dominicana.
Randolph Phipps, vicepresidente de Negocios Empresariales de Asociación Cibao, agradeció la confianza depositada por los clientes en la institución y resaltó la importancia de mantener espacios de diálogo que contribuyan a una mejor comprensión de los cambios del entorno económico.
“Trabajamos cada día para ofrecer soluciones financieras que respondan a las necesidades de cada empresa, ya sea grande, mediana o pequeña, con una atención cercana, asesoría especializada y un equipo que conoce las particularidades de los distintos sectores productivos”, expresó Phipps.
El ejecutivo destacó que la institución dispone de alternativas de financiamiento para capital de trabajo, inversiones y proyectos de desarrollo inmobiliario o de expansión, así como de servicios orientados a facilitar la gestión financiera de las empresas.
Ejecutivos de la Asociación Cibao junto a panelistas Rubén Portes, Jaime Aristy Esteban Delgado.
Mediante estas jornadas, Asociación Cibao fortalece su relación con los clientes y promueve espacios de intercambio que facilitan el acceso a información relevante para la toma de decisiones financieras. Estos encuentros forman parte del compromiso de la entidad de propiciar espacios de diálogo y compartir análisis económicos que contribuyan a una mejor comprensión del entorno y de las perspectivas de crecimiento de los distintos sectores productivos.
Un total de 162,708 contribuyentes se habían incorporado al sistema de Facturación Electrónica al cierre del domingo 15 de noviembre, incluidos 3,956 que completaron el proceso durante ese día, informó el director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia San Giovanni.
El funcionario reconoció que todavía quedan contribuyentes pendientes, pero aseguró que la institución no aplicará, por el momento, multas, penalidades, persecuciones ni cierres de establecimientos comerciales por no haber completado la incorporación en la fecha establecida.
“Lo que yo le estoy garantizando a todo el mundo es que no va a haber multa, no va a haber persecuciones, no va a haber cierre de negocio, nada de eso”, expresó Urrutia, al tiempo que aclaró que esta disposición no representa una nueva prórroga ni establece otro plazo para cumplir con la obligación durante una rueda de prensa organizada por la institución recaudadora.
Explicó que la Ley 32-23 de Facturación Electrónica y su Reglamento de Aplicación 587-24 no permiten conceder otra extensión general, debido a que la prórroga prevista ya fue otorgada. Por tanto, la fecha límite del 15 de noviembre se mantiene como vencimiento del calendario de implementación.
Urrutia indicó que la DGII continuará contactando y asistiendo a los contribuyentes para ayudarlos a superar las dificultades tecnológicas y operativas que puedan enfrentar. “No es que nosotros vamos a dar los plazos ni de 15 días, ni de un mes, ni de dos meses”, precisó.
Entre las facilidades disponibles mencionó el Facturador Gratuito, que no tiene costo para los contribuyentes, y la aplicación 1234, dirigida a pequeños emprendedores y personas físicas con ingresos anuales de hasta un millón de pesos, cuya funcionalidad se está ampliando para incluir entidades jurídicas.
El director también aclaró que la facturación electrónica no implica la creación de nuevos impuestos, sino que busca modernizar la validación de las transacciones comerciales y fortalecer el control tributario.
El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) suscribió un acuerdo con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda de España para ampliar las oportunidades de capacitación y especialización de los servidores públicos y fortalecer la oferta académica de su centro de capacitación mediante el intercambio de conocimientos y experiencias en materia tributaria, presupuestaria y financiera.
Esta alianza fue establecida mediante un memorándum de entendimiento entre ambas instituciones. El documento, que fue firmado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín J. Díaz, y el director general del IEF, Alain Cuenca García, contempla acciones de cooperación para actualizar a los profesionales vinculados con la planificación, la inversión pública y la gestión fiscal.
“Más allá de nuestra misión de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y de regir todo el sistema de planificación del país, en Hacienda y Economía también prestamos especial interés a la especialización de los servidores públicos en materia fiscal y presupuestaria. Por eso, como apasionado del conocimiento, este acuerdo me llena de mucho optimismo”, destacó el ministro Magín Díaz.
A través de esta colaboración, el MHE, a través de su centro de capacitación, podrá tomar como referencia las experiencias y buenas prácticas del instituto español para mejorar sus líneas de gestión y ampliar las oportunidades de especialización de los servidores públicos en áreas relacionadas con las finanzas estatales.
El entendimiento establece la organización y el desarrollo conjunto de cursos, seminarios, coloquios y encuentros académicos, así como el intercambio de publicaciones, documentación técnica y materiales educativos.
La cooperación también abarcará áreas estratégicas como las ciencias tributarias y financieras, la formulación y ejecución de políticas públicas, los tributos internos y aduaneros, el comercio exterior, el presupuesto y el gasto público.
Asimismo, contempla el intercambio de información, asesoramiento y apoyo técnico, además de iniciativas conjuntas de investigación y docencia en materias de interés común.