Hablemos del Plan Anticrisis implementado en el país, y que ha mostrado resultados recaudatorios innegables: en julio, el impuesto a las transferencias electrónicas creció casi 70% interanual. Sin embargo, la experiencia internacional indica que el éxito de una reforma fiscal no se mide solamente por lo que se recauda, sino por cómo se recauda.
El Ministerio de Hacienda y Economía (MHyE) califica el Plan Anticrisis de “exitoso”, en palabras de su ministro, y lo presenta como base para la meta de duplicar la economía hacia 2036. Y los números son reales. Sin embargo, tenemos la otra pregunta: ¿una operación de emergencia exitosa equivale a una reforma tributaria que resista el paso del tiempo?
Entiendo que la recaudación no resuelve esa pregunta. El dato de caja no dice cómo se recaudó. Un sistema tributario puede crecer en ingresos durante un trimestre y, a la vez, ir dejando cabos sueltos: normas que cada uno entiende a su manera, pleitos que se multiplican porque la ley no es clara, cambios de último minuto que obligan a los contribuyentes a rehacer sus números. Esos costos no salen en el reporte del mes, pero sí influyen en si una empresa decide invertir, crecer o contratar. Gestionar una urgencia no es lo mismo que diseñar un sistema que sobreviva al gobierno de turno. Esa confusión es justamente lo que la experiencia internacional advierte con más fuerza.
Un análisis de la Tax Foundation publicado en agosto pasado ofrece una pista. En la publicación se reconoce que el objetivo de fortalecer las finanzas públicas es “comprensible y legítimo”, pero señala que los cambios sustantivos a la legislación tributaria se adoptaron en apenas siete días (desde el anuncio inicial hasta la aprobación en ambas cámaras y la firma presidencial). Los tres elementos que la experiencia internacional identifica como propios de una reforma exitosa: consulta significativa, transparencia durante todo el proceso y redacción clara y precisa, no tuvieron cabida en esa semana.
Sobre la consulta, los ejemplos abundan en todo el mundo. En Chile, por ejemplo, antes de presentar su reforma tributaria de 2022, el Gobierno desarrolló un proceso de diálogos sociales que incluyó encuentros ciudadanos en todas las regiones del país y más de 70 audiencias públicas con expertos, académicos, gremios, organizaciones sociales y consultoras especializadas. La iniciativa buscó recoger distintas perspectivas sobre los principios y propuestas que debían orientar la reforma. En contraste, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) solo pudo pronunciarse públicamente después de que el paquete fuera sometido, advirtiendo que la exención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a la importación de asfalto podía generar “una asimetría regulatoria entre importados y nacionales”.
Las fallas de procedimiento no son formalismos. La observación más útil del artículo de la Tax Foundation quizá sea esta: los inversionistas que toman decisiones de largo plazo no evalúan únicamente la tasa estatutaria; evalúan si las reglas son predecibles, transparentes y se aplican de manera consistente. Una empresa puede adaptarse a impuestos más altos si las reglas son claras y estables. Lo que difícilmente acepta es comprometer capital de largo plazo cuando la legislación contiene ambigüedades o cuando reformas significativas se introducen sin el debido escrutinio técnico.
El propio Ministerio ha reconocido que parte del financiamiento de los subsidios a los combustibles provino de reasignación de gastos, no del Plan Anticrisis. Como si estuvieran diciendo “lo que hicimos fue gastar menos en otras cosas, y luego los ingresos adicionales del Plan Anticrisis van llegando poco a poco”. Esa honestidad sugiere un desfase temporal entre diseño y ejecución. Este desfase no es mala fe, pero sí es el tipo de consecuencia que una evaluación técnica previa y una redacción cuidadosa habrían podido anticipar.
Nada de esto niega el efecto inmediato del Plan Anticrisis. Ante un choque petrolero, un amortiguador fiscal requiere velocidad, y eso es entendible. Pero confundir “pudimos recaudar” con “tenemos un sistema robusto y sostenible en el tiempo” puede costarnos caro. La meta de duplicar la economía hacia 2036 exige un marco tributario que permita a un inversionista firmar un contrato a diez años con tranquilidad. Y ese marco no se construye en siete días.
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