Mientras las llamas consumían la sucursal de L&R Comercial en la Marginal de la Autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, el pasado sábado 1 de agosto, otro fenómeno ocurría a pocos metros del trabajo de los bomberos. Decenas de personas aprovecharon el caos para ingresar al establecimiento y salir con neveras, lavadoras, televisores, abanicos y otros electrodomésticos.
La Policía Nacional detuvo a 17 ciudadanos en flagrante delito y recuperó más de 170 artículos, además de un monitor y una escopeta pertenecientes a la seguridad del negocio.
Las imágenes de ciudadanos huyendo con mercancías reavivaron una pregunta que trasciende este caso. ¿Qué lleva a una persona a cometer un robo en medio de una emergencia?
Para sociólogos, psicólogos y juristas consultados, la respuesta no tiene una sola explicación. En el fenómeno convergen factores sociales, emocionales, culturales y legales que ayudan a entender, mas no justifican, un comportamiento que suele repetirse durante incendios, accidentes y otras situaciones de crisis.
Anomia
Uno de los conceptos que aparece con mayor frecuencia entre los especialistas es el de anomia situacional.
El sociólogo Joel Arboleda explica que, cuando ocurre un desastre, las normas que regulan la convivencia cotidiana se debilitan de manera temporal. La atención de las autoridades se concentra en controlar la emergencia y desaparecen muchos de los mecanismos de vigilancia, no solo policiales, sino también los ejercidos por la comunidad.
Sin embargo, Arboleda sostiene que sería un error interpretar estos hechos como simples actos irracionales. A su juicio, quienes participan en los saqueos realizan una racionalización colectiva que reduce el peso moral de sus acciones.
“Entre los argumentos que suelen aparecer figuran la percepción de que la empresa afectada tiene suficiente capacidad económica para absorber las pérdidas, la creencia de que un seguro cubrirá los daños y la idea de que, si muchas personas están haciendo lo mismo, la conducta deja de percibirse como incorrecta”.
La socióloga Alexandra Vilorio coincide en que existe un cálculo de costo-beneficio, aunque incorpora un componente estructural. Señala que el contexto económico de muchas comunidades influye en la valoración que las personas hacen de determinados bienes de consumo. En sectores donde acceder a electrodomésticos representa un esfuerzo económico considerable, un hecho extraordinario como un incendio puede ser interpretado por algunos como una oportunidad única.
“El costo de transgredir la norma se percibe menor que el beneficio esperado”, resume.
Por otro lado, el sociólogo Domingo Matías, explica que la multitud también modifica la percepción individual de lo permitido. “Cuando una persona observa que otras toman mercancías sin consecuencias inmediatas, la acción deja de verse como un delito aislado y comienza a asumirse como la nueva norma aceptable dentro de esa situación excepcional”.
En ese escenario, explica, el peso moral de la conducta se diluye entre el grupo y la culpa individual pierde intensidad. A ello se suma la brecha existente entre las aspiraciones de consumo y las posibilidades reales de acceso a determinados bienes, lo que convierte la emergencia en un atajo para obtenerlos.
Las emociones
Otros especialistas enfatizan más el componente emocional del fenómeno.
Por ejemplo, Cándido Mercedes sostiene que el comportamiento colectivo puede producir un proceso de despersonalización en el que las emociones desplazan, por un momento, la racionalidad. Bajo ese efecto, asegura, personas que día a día respetan las normas pueden llegar a participar en acciones que jamás considerarían de forma individual, impulsadas por el contagio emocional que genera la multitud.
Desde la psicología, Eduardo Gavilán considera que durante una situación caótica también puede producirse un proceso de desconexión moral. La persona encuentra argumentos para justificar ante sí misma una conducta que, en otro contexto, rechazaría.
Entre ellos, pensar que la mercancía ya está perdida, que el negocio recuperará las pérdidas mediante un seguro o que, si no toma el objeto, alguien más lo hará.
A esto se suma la difusión de la responsabilidad, mediante la cual el individuo deja de percibir el acto como una decisión propia y lo interpreta como una acción compartida por el grupo.
No obstante, Gavilán advierte que la existencia de una multitud no siempre conduce a la violencia.
“En muchas emergencias ocurre exactamente lo contrario: las personas colaboran con los organismos de socorro, ayudan a las víctimas o protegen los bienes afectados”, advierte. “La diferencia radica en las normas que terminan imponiéndose dentro del grupo y en los modelos de conducta que predominan durante los primeros minutos de la crisis”.
La psicóloga y educadora Nancy Patricia Canó añade otro elemento poco visible en las imágenes de los saqueos. El riesgo físico que asumieron quienes ingresaron a una estructura incendiada. “Derrumbes, inhalación de humo, explosiones, descargas eléctricas o quemaduras graves formaban parte de los peligros presentes”.
Aun así, señala que muchas personas actúan convencidas de que la probabilidad de ser detenidas es baja porque las autoridades concentran todos sus esfuerzos en atender la emergencia.
Sin embargo, insiste en que la percepción de impunidad no basta para explicar el fenómeno, ya que los valores personales y la educación continúan siendo el principal límite frente a la comisión de un delito.
Corrupción
El sociólogo Celedonio Jiménez amplía el análisis hacia un plano más estructural.
Considera que episodios como este reflejan una crisis ética marcada por el debilitamiento del respeto a las normas y por la normalización del incumplimiento de las reglas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. A su juicio, los constantes ejemplos de corrupción e impunidad desde las altas esferas del Estado terminan enviando señales contradictorias a la sociedad y contribuyen a erosionar la cultura de la legalidad.
Nuevo Código
Desde la perspectiva jurídica, el abogado Jean Cristofer Pérez recuerda que, más allá de las explicaciones sociales o psicológicas, la conducta constituye un delito. En este caso, explica, los hechos serán juzgados bajo la legislación vigente al momento en que ocurrieron, por lo que correspondería aplicar las disposiciones del Código Penal anterior, que contemplan penas de entre uno y cinco años de prisión por robo.
No obstante, destaca que con la entrada en vigor del nuevo Código Penal este tipo de hechos podría ser considerado robo agravado cuando se comete aprovechando la situación de indefensión generada por un accidente o un incendio, elevando las penas de cinco a diez años de prisión.
Aunque el incendio de L&R provocó una de las respuestas policiales más contundentes frente a este tipo de hechos, no constituye un fenómeno aislado. En 2018, por ejemplo, decenas de personas saquearon un camión cargado de cerveza que se volcó en el kilómetro 11 de la carretera Sánchez.
Más recientemente, durante el incendio de otra sucursal de L&R en Villa Mella, en febrero de este año, circularon videos que mostraban supuestos saqueos, aunque en esa ocasión la Policía aseguró que logró impedir el ingreso de particulares al establecimiento.
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