Panorama Nacional. Las víctimas de estas estafas, ciudadanos que con esfuerzo han adquirido propiedades, se ven despojadas de sus bienes a través de la falsificación de documentos, títulos y poderes. Estos actos fraudulentos no solo afectan a las personas, sino que también representan una amenaza para la inversión extranjera y la seguridad jurídica.
Estos casos suceden en todo elterritorio dominicano de los cuales la provincia de Santiago no está exenta.
El problema se agrava aún más, ya que las personas pierden sus viviendas o propiedades sin respaldo alguno y sin esperanzas bajo una complicidad clara entre los estafadores y las autoridades, llamadas a preservar los derechos del ciudadano.
Así lo explica José Miguel Minier, un connotado profesional del derecho en el país, quien plantea que estas estructuras cuentan con tentáculos en el Poder Judicial, en el Registro de Títulos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Describe como ejemplo, el caso de una red de estafadores cuya logró hacer un plan de pago en la DGII y realizar un primer desembolso para transferir su propiedad a un tercero, todo ello sin presentar un poder legalizado o contactar al dueño.
Según explican los expertos consultados por Panorama, en Santiago circulan unas 10 a 12 estructuras criminales dedicadas a las estafas inmobiliarias. Aunque el Ministerio Público ha iniciado investigaciones, afirma que las denuncias raras veces culminan en una acusación formal o una condena, lo que desincentiva a las víctimas a seguir el proceso. Y pierden doble.
Afectados y representantes legales apelan a que las autoridades den prioridad a estos casos, de la misma forma en que se ha hecho con otros temas nacionales. Consideran que la falta de respuesta alimenta la impunidad y favorece la continuidad de las estructuras criminales.