La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas informó ayer que en los últimos tres años han logrado 43 sentencias condenatorias en todo el país, contra integrantes de redes dedicadas a esas actividades criminales.
Una comunicación atribuye la declaración a la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de esa dependencia del Ministerio Público, durante su participación en el Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal: “Ciencia e Innovación contra el Crimen: Retos Contemporáneos de la Investigación Criminal”, desarrollado como parte del Plan de Modernización y Tecnificación de la Policía Nacional.
Bejarán resaltó que las sentencias dictadas por distintos tribunales del país han sido posibles por el trabajo interinstitucional, que ha permitido alcanzar resultados que asegura sientan precedentes importantes en el país.
“Solo a través del trabajo articulado, la sinergia permanente y el intercambio de información entre las instituciones es posible desarrollar investigaciones efectivas para desarticular estas estructuras criminales”, expresó Bejarán.
La funcionaria afirmó que ante el avance del cibercrimen, las instituciones deben adaptarse y abandonar las metodologías tradicionales de investigación, por lo que exhortó a las áreas especializadas a identificar a los responsables que operan detrás de esas redes y fortalecer la cooperación jurídica internacional.
La procuradora fiscal señaló que en la investigación criminal actual no basta reaccionar ante los delitos, sino que es necesario anticiparlos, comprender cómo operan las estructuras criminales y desmantelar las redes económicas que las sostienen.
Bejarán explicó que muchas de esas organizaciones utilizan herramientas tecnológicas y criptomonedas para lavar activos y movilizar recursos, lo que obliga las autoridades a fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de inteligencia para enfrentar la criminalidad.
Destacó los avances legislativos contra la trata de personas, al señalar que entre 2024 y 2025 la ley que sanciona ese delito fue reformada y fortalecida.