- El joven con supuesta esquizofrenia, según el jurista ha mostrado incapacidad mental e inhabilita imputabilidad.
- La opinión pública y los grupos de interés han amanecido escandalizados tras el descargo de su culpabilidad.
- Aclaró que Pumarol fue evaluado por el juez de la Instrucción y que esto no quita la búsqueda de la seguridad ante la sociedad.
Panorama Nacional. El abogado Carlos Salcedo aclaró este martes que para imputar a una persona debe poseer capacidad jurídica y mental y que comprenda que su conducta lesiona los intereses de otras, durante una entrevista en el Panorama de la Mañana.
Las aclaraciones de Salcedo fueron ofrecidas en el contexto del caso Jean Andrés Pumarol Fernández enmarcado en un ataque violento ocurrido el 23 de julio de 2025 en el condominio Naco Dorado IV, en el sector Naco de Santo Domingo, que resultó en la muerte de una mujer de 70 años y cinco personas heridas.
“Llama la atención cuando un juez de la Instrucción toma esa decisión sobre la base, en este caso, opiniones jurídicamente sustentables, que son las opiniones técnicas que en este caso hacen sustentar que esa persona no tenía capacidad mental ni jurídica para en el momento de la ocurrencia de los hechos ser responsable”, explicó el abogado.
Como un tercer elemento estableció que es la culpabilidad antes que la punibilidad, “es la capacidad de razonamiento y discernimiento mental y psíquica. En este caso el juez lo que hizo fue evaluar, efectivamente, que la persona no tenía la capacidad”.
“El problema que ahora se traslada es que no hay impunidad, simplemente, no hay lugar a un juicio, sería un juicio inútil, se violaría derechos fundamentales de esa persona, pero, eso no significa que la medida de seguridad sea efectiva”, aclaró el jurista.
Sin embargo, tras la inquietud de los panelistas por el actual contexto dado en la opinión pública, respondió que: “Es cómo el Estado responde con medidas de seguridad y que este individuo no sea un peligro para la sociedad”.
Salcedo se preguntó si están preparadas las instituciones y centros hospitalarios y clínicos del país, pero, si no hay juicio y si una medida de seguridad, como alternativa, “tiene que haber la garantía de que las instituciones, finalmente, harán cumplir los niveles de tratamientos para que no sea un peligro para la sociedad”.
Reconoció que hay una falla estructural en el caso. Y que para tales fines, existe el juez de la Pena, para evaluar a las personas que están privadas de libertad y quizás inimputables, haciendo evaluaciones permanentes en los centros penitenciarios para ver si reúnen condiciones mentales en sus conductas.