Panorama Nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció este jueves que persiste un “preocupante silencio institucional” tras el sometimiento del director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por presunta apropiación irregular de terrenos estatales.
El presidente de la entidad, Manuel María Mercedes, informó que han transcurrido más de cinco meses desde que solicitaron formalmente la destitución del funcionario y más de cuatro meses desde su sometimiento ante la PEPCA, sin que hasta la fecha se conozcan medidas procesales concretas.
Mercedes explicó que el caso se fundamenta en el Poder Especial núm. 36-25, emitido el 10 de marzo de 2025 por el presidente Luis Abinader, mediante el cual se instruyó al director del CEA, Rafael Burgos Gómez, a suscribir los contratos de venta, cesión y transferencia de terrenos previamente aprobados por los organismos técnicos correspondientes.
Sin embargo, aseguró que dicha disposición no ha sido ejecutada, lo que según indicó podría constituir un desacato administrativo y una vulneración al principio de legalidad en la función pública.
El terreno en disputa
Durante una rueda de prensa realizada en la sede del CEA, el abogado Moisés Sánchez Severino, representante legal de Juan Rivera Cordero, presentó documentos que respaldan la compra en 2013 de un terreno de más de 21 mil metros cuadrados, ubicado en la Parcela 21-C-2 (Parte), Distrito Catastral 32.
Según detalló, la operación cuenta con autorización de pago, carta de posesión, plano georreferenciado, tasación oficial y aprobación del Consejo de Directores del CEA.
No obstante, la Comisión denunció que decisiones administrativas posteriores habrían favorecido de manera irregular a un tercero vinculado al sector de los combustibles, lo que podría configurar abuso de poder, fraude contra el Estado y violación al régimen de bienes públicos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado al Ministerio Público, a la PEPCA y al Poder Ejecutivo para que:
Ejecuten la orden presidencial emitida.