El cumplimiento tributario puede convertirse en una herramienta clave para identificar riesgos de lavado de activos y otras conductas ilícitas, afirmó el fiscal Ernis Mella, quien abogó por una visión integrada entre las obligaciones fiscales y los mecanismos de prevención financiera.
Durante su participación en el conversatorio “Cumplimiento tributario y prevención de lavado de activos: dos frentes, un mismo compromiso”, organizado por la World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD), el representante del Ministerio Público explicó que las declaraciones tributarias, los registros financieros y la documentación de las operaciones generan información que puede ser utilizada para detectar inconsistencias y rastrear actividades sospechosas.
“Debemos ver el cumplimiento tributario y la prevención del lavado de activos no como dos caminos totalmente distintos, sino de manera conjunta”, señaló.
Mella indicó que ambos sistemas comparten objetivos relacionados con la transparencia, la trazabilidad de las operaciones y la protección de la integridad del sistema económico. A su juicio, las empresas que mantienen registros confiables, información veraz y operaciones debidamente documentadas contribuyen a fortalecer la confianza de inversionistas, clientes y autoridades.
El fiscal explicó que la prevención no debe limitarse al cumplimiento formal de requisitos, sino que requiere analizar la sustancia económica de las operaciones y verificar que exista coherencia entre la actividad declarada y los movimientos financieros observados.
Entre las señales de alerta mencionó operaciones inconsistentes con el perfil económico de una persona o empresa, incrementos patrimoniales sin justificación, movimientos financieros inusuales y documentación que carezca de sustancia económica.
Asimismo, advirtió que algunas estructuras societarias complejas pueden ser utilizadas para dificultar la identificación del beneficiario final de los recursos. No obstante, aclaró que la existencia de este tipo de estructuras no constituye por sí misma una evidencia de irregularidades, sino un elemento que puede requerir una debida diligencia más profunda.
Mella señaló que las organizaciones criminales suelen aprovechar mecanismos de opacidad para ocultar el origen de fondos ilícitos, por lo que resulta fundamental identificar quién ejerce el control real de las empresas y quién recibe el beneficio económico final de las operaciones.
El representante del Ministerio Público también destacó la importancia de aplicar un enfoque basado en riesgos para concentrar los esfuerzos de supervisión en los casos con mayor probabilidad de incumplimiento, en lugar de aplicar los mismos controles a todos los contribuyentes.
Afirmó que los programas de cumplimiento efectivos requieren capacitación continua, monitoreo permanente y una cultura organizacional orientada a la gestión de riesgos.
“El impacto más costoso del incumplimiento no siempre consiste en la sanción económica; con frecuencia está en la pérdida de la confianza”, sostuvo.
Mella agregó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal planteará nuevos retos para la evaluación de los programas de cumplimiento, ya que las autoridades deberán verificar no solo su existencia formal, sino también su aplicación efectiva dentro de las organizaciones.