El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas han dejado de ser simples aspiraciones normativas para convertirse en exigencias ciudadanas ineludibles en las democracias de América Latina.
En un análisis sobre el rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), el jurista destacó que estas instituciones no son meros órganos técnicos de revisión, sino pilares estratégicos que garantizan que el uso de los recursos públicos se oriente estrictamente al interés general.
Castaños Guzmán señaló que, si bien la región ha logrado avances, persiste un entorno complejo marcado por altos niveles de percepción de corrupción, desconfianza ciudadana hacia las instituciones, presiones políticas sobre los órganos de control y una creciente sofisticación de la gestión pública que exige sistemas de auditoría más modernos.
“La transparencia es una condición esencial para la confianza. Cuando el ciudadano entiende cómo se ejecuta el gasto, se fortalece la calidad de la democracia”, subrayó Castaño Guzmàn.
Más allá de la fiscalización reactiva
Para el jurista, las EFS deben evolucionar de una función de verificación ex post hacia la generación de valor público. Esto implica que las auditorías no solo identifiquen irregularidades, sino que sirvan de evidencia objetiva para mejorar la calidad del gasto y la toma de decisiones gubernamentales.
Para lograr esta misión, Castaños Guzmán identificó tres condiciones innegociables, independencia para operar sin interferencias indebidas, capacidad técnica para enfrentar la complejidad de la administración moderna y la digitalización y la credibilidad pública para que sus hallazgos impacten realmente en el debate social.
El jurista reconoció que el país ha registrado pasos importantes en su sistema de integridad a través de la labor complementaria de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la Repùblica, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) .
“Las entidades de control deben operar en ‘polilenguaje’, traduciendo hallazgos técnicos en información comprensible para todos los actores sociales”, explicó, resaltando que el control institucional debe complementarse con el control social de la ciudadanía.
“La transparencia no se agota en las leyes; se construye en la práctica con instituciones sólidas, profesionales y comprometidas”, concluyó Castaños Guzmán.