Organizaciones de la sociedad civil alertan sobre la necesidad de estudiar, discutir y consensuar todo lo relativo a la cuestión fiscal, con base en lo establecido en la Constitución, que dispone la realización de un Pacto Fiscal previamente consensuado por vía del Consejo Económico y Social (CES).
Mediante un comunicado, responden al anuncio del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, de presentar un proyecto de ley para “modernizar” la administración tributaria.
Las entidades estiman que el verdadero problema fiscal dominicano radica en factores estructurales mucho más profundos, como el enorme volumen de exenciones fiscales corporativas e institucionales.
Consideran necesario precisar con claridad el alcance real de lo que se ha anunciado, garantizando el respeto a los derechos y orientando las decisiones hacia el aseguramiento de la justicia social.
De acuerdo con el ministro, en una reunión que sostuvo con la cúpula empresarial, su administración no pretende realizar una reforma fiscal, sino cambios administrativos y la eliminación de impuestos anacrónicos que no han sido especificados.
Camino equivocado
Este camino indican no es democrático, contradice compromisos políticos asumidos por el Gobierno y desconoce lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), que obliga a discutir este tema crucial de cara a la sociedad. Precisa que cuando el ministro adelanta producir “una reforma administrativa y de gestión tributaria orientada a simplificar procesos, digitalizar procedimientos y eliminar algunos tributos considerados obsoletos”, se vulnera la legislación que establece la necesidad de un Pacto Fiscal.
Reiteran como organizaciones de la sociedad civil, que una reforma administrativa tributaria podría mejorar el funcionamiento del sistema, pero no modifica la estructura de los ingresos públicos ni corrige los desajustes estructurales crónicos del sistema fiscal dominicano.
“Por esta razón, desde la sociedad civil advertimos que si el proyecto de ley mencionado por el ministro de Hacienda se limita a lo anunciado, estaríamos repitiendo más de lo mismo, imponiendo ajustes administrativos parciales que no enfrentan las causas profundas de la crisis fiscal ni los desajustes estructurales del sistema socioeconómico dominicano” señalan en el documento.
Obliga consenso
El aumento de las capacidades recaudatorias del Estado y la localización de recursos financieros gubernamentales que permitan forjar nuevas capacidades para la economía, orientadas a políticas públicas que fortalezcan derechos y promuevan justicia social, como garantizan la Constitución, no puede estar al margen de un Pacto Fiscal consensuado entre la ciudadanía, el Gobierno y el empresariado.
Señala que eliminar algunos impuestos no resolverá el problema fiscal, ya que la propuesta del ministro de Hacienda y Economía no enfrenta el hecho de que el país tiene uno de los índices más bajos de presión fiscal de la región.
Eliminar algunos tributos considerados anacrónicos puede tener sentido desde el punto de vista administrativo, pero no constituye una transformación del sistema fiscal capaz de enfrentar los desequilibrios tributarios que existen desde hace décadas y que fueron reforzados por los tratados de libre comercio.
El gran problema
Las entidades estiman que el verdadero problema fiscal dominicano radica en factores estructurales como el enorme volumen de exenciones fiscales corporativas e institucionales.
De igual modo, los altos niveles de evasión y elusión tributaria, baja tributación sobre la riqueza y la propiedad, dependencia excesiva de impuestos al consumo, baja calidad del gasto público en la aplicación del presupuesto anual consolidado del Estado dominicano. Consideran que mientras estos problemas no sean abordados de manera profesional y estructural, las finanzas públicas seguirán enfrentando debilidades profundas.
Indican que la digitalización de procesos, la automatización de exenciones fiscales y el fortalecimiento de la factura electrónica pueden contribuir a mejorar la eficiencia. Sin embargo, estas iniciativas solo forman parte de una reforma administrativa y de gestión tributaria.
Podrían representar mejoras operativas, pero no transformarán la estructura tributaria ni redefinirá la relación entre ingresos públicos, gasto público, deuda pública y sostenibilidad fiscal, por lo que el país necesita no solo una administración más moderna, sino un sistema tributario más justo, equitativo y progresivo.
La estructura de ingresos del Estado dominicano se encuentra debilitada por dos factores principales: las exenciones fiscales masivas y los altos niveles de evasión tributaria.
Más de 50 organizaciones sociales firman el comunicado, entre ellas: Entre las organizaciones que firman el comunicado figuran: Asociación Ciudad Alternativa, Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, (ODPP), Participación Ciudadana, Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando), Asociación de Personas con Discapacidad Fiscomotora, Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), Red Urbana Popular (RUP), Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (Cipaf).
