La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Lissa Veras, aplazó para el próximo martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra dos mujeres y un hombre, todos de nacionalidad colombiana, acusados de integrar una red criminal que presuntamente captaba hombres en centros de diversión, los sedaba y luego los despojaba de dinero, prendas, equipos electrónicos y tarjetas bancarias.
La magistrada tomó la decisión a requerimiento de un elemento de prueba solicitado por un abogado de la defensa pública que representa a uno de los imputados.
Por su parte, el abogado Rafael Jiménez, quien asume la defensa de otra de las imputadas, sostuvo que la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público contra su representada es errónea e incoherente con la realidad de los hechos.
Abogado Rafael Jiménez, quien asume la defensa de una de las imputadas.
Según Jiménez, las acusaciones por robo y robo agravado no corresponden al caso, argumentando que si el órgano acusador analizara con rigor los hechos, se daría cuenta de que se trata de un tema vinculante al proxenetismo y que su defendida es, en realidad, una víctima dentro del proceso.
La solicitud de prisión preventiva fue solicitada en contra de Diego Armando González, también identificado como Jain Zhou Xiao; Natali Valera Castillo González, alias “Andrea” o “Tati”, y Laura Valentina Villegas, alias “Tatiana”.
La instancia fue presentada por la fiscal Roxanna Campusano, adscrita a la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Naco, quien atribuye a los imputados varios hechos de robo agravado ocurridos entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026 en distintos sectores del Distrito Nacional.
De acuerdo con la investigación, las dos mujeres contactaban a sus víctimas en centros de diversión y posteriormente las acompañaban hasta apartamentos u hoteles donde se hospedaban. Una vez en esos lugares, presuntamente les suministraban una sustancia desconocida que las colocaba en estado de inconsciencia, situación que aprovechaban para sustraer sus pertenencias.
El expediente señala que varias víctimas denunciaron haber sido sedadas y despojadas de sus pertenencias entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre.
Las denuncias permitieron iniciar una investigación que condujo a la identificación de consumos realizados con las tarjetas bancarias sustraídas. Como parte de las pesquisas, las autoridades analizaron imágenes de cámaras de vigilancia en las que, según el Ministerio Público, las imputadas aparecen realizando compras en plazas comerciales junto a Diego Armando González.
Las labores investigativas permitieron localizar a los tres imputados en un apartamento del Residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este, donde el Ministerio Público y agentes policiales ejecutaron un allanamiento el 11 de septiembre.
Durante la operación fueron ocupados teléfonos celulares, computadoras, tabletas electrónicas, relojes de lujo, gafas, prendas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentos, facturas y comprobantes de compras que, según la acusación, guardan relación con los hechos investigados. Entre las evidencias también figura un gotero que contenía un líquido desconocido, el cual será sometido a los análisis correspondientes.
El Ministerio Público sostiene que el análisis de las facturas y comprobantes ocupados permitió establecer que con una de las tarjetas bancarias sustraídas fueron adquiridos cinco teléfonos iPhone 17 Pro Max, por un monto superior a RD$623,000, además de prendas de alto valor en establecimientos comerciales del país.
La Fiscalía atribuye a los tres imputados la violación de los artículos 224; 225, numerales 6, 8 y 9; y 226, numerales 6 y 11, de la Ley 74-25, que instituye el Nuevo Código Penal Dominicano.
