Cuando pensamos en el 6G, lo normal es imaginar velocidades más altas, nuevas redes y móviles que todavía tardarán años en llegar. Pero hay una parte de esa transición que empieza mucho antes de que podamos verla en nuestros dispositivos. Para desplegar esas redes harán falta frecuencias concretas del espectro radioeléctrico, y decidir quién puede utilizarlas también mueve dinero. Esa combinación entre tecnología y financiación acaba de traducirse en una propuesta concreta en Europa: qué hacer con el valor económico de unas frecuencias destinadas a una generación móvil que todavía no ha llegado comercialmente.
Grecia pone una idea sobre la mesa. Ahí entra la propuesta que el Gobierno griego ha llevado al resto de socios comunitarios: crear una European Spectrum Union y aprovechar parte de los ingresos que generen las futuras asignaciones nacionales vinculadas al 6G para financiar inversión tecnológica y aliviar la presión sobre el presupuesto de la UE. El planteamiento, desarrollado por Kyriakos Pierrakakis, presidente del Eurogrupo y ministro griego de Finanzas, maneja una escala inicial de entre 12.000 y 15.000 millones de euros.
Qué se vende realmente. La clave está en distinguir la red de las frecuencias que necesita para funcionar. Igual que ocurrió con generaciones móviles anteriores, el 6G requerirá espacio dentro del espectro radioeléctrico, un recurso finito cuyo uso gestionan los Estados dentro del marco europeo y sobre el que las autoridades nacionales conceden derechos a los operadores. Esos derechos pueden tener un precio y adjudicarse, por ejemplo, mediante subastas, de modo que su concesión genere ingresos públicos. Lo interesante de todo esto que una tecnología todavía sin despliegue comercial puede empezar a tener consecuencias económicas mucho antes de llegar a nuestros teléfonos.
Europa necesita nuevas fuentes de dinero. Para entender por qué aparece ahora una iniciativa así, hay que mirar al próximo presupuesto comunitario. La Comisión ha propuesto un Marco Financiero Plurianual de casi 2 billones de euros para 2028–2034, con el que pretende sostener las políticas existentes y responder, al mismo tiempo, a nuevas necesidades en competitividad, innovación, defensa y seguridad. El problema no es solo decidir en qué gastar, sino también cómo financiar esas prioridades limitando la presión sobre las contribuciones nacionales. De ahí la búsqueda de nuevos recursos propios, un debate en el que los futuros ingresos asociados a estas frecuencias podrían convertirse en otra pieza sobre la mesa.
Grecia ya probó algo parecido. La idea tampoco parte completamente de cero. En 2020, el país destinó el 25% de los ingresos públicos obtenidos con la adjudicación de derechos de frecuencias 5G a financiar el Phaistos Fund, concebido para invertir en empresas y aplicaciones vinculadas a esa tecnología. Pierrakakis utiliza ahora aquella experiencia como referencia, pero trasladarla a toda la UE supone otro nivel de complejidad. Habría que coordinar calendarios y condiciones entre mercados nacionales, decidir qué parte de los ingresos tendría un destino común y, sobre todo, conseguir que los 27 acepten avanzar en esa dirección.
El 6G empieza antes de llegar. Aún faltan años para que estas redes formen parte de nuestra vida cotidiana, pero su impacto ya empieza a sentirse en decisiones que se toman hoy. La propuesta griega no garantiza ingresos, ni mucho menos esos 15.000 millones, pero sí introduce una posibilidad con recorrido: utilizar el valor económico del espectro para algo más que ordenar el despliegue de nuevas redes.
Imagen de portada | Zac Gudakov
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