SANTO DOMINGO.- Los operadores de juegos de azar en República Dominicana tendrían un plazo de un año para adecuarse al nuevo régimen regulatorio planteado en el proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, una vez entre en vigencia, de acuerdo con la abogada y especialista Yamile Gutiérrez.
La iniciativa, que está a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo, contempla una transformación de la estructura de supervisión del sector con la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), que asumiría las funciones de fiscalización establecidas en el nuevo marco regulatorio.
Entre los cambios previstos figura un período de adecuación de un año para los operadores que ya se encuentran funcionando. Durante ese tiempo deberán regularizar su situación, actualizar la documentación requerida y conectar sus plataformas tecnológicas conforme a las nuevas exigencias.
El proyecto también contempla cambios para las concesionarias de loterías electrónicas que mantienen contratos estatales. Estas deberán sustituir dichos contratos por una nueva licencia dentro del mismo plazo de un año establecido para la adecuación.
Otro de los aspectos incluidos es un mayor control sobre la estructura corporativa de las empresas. La normativa exigiría información y supervisión sobre accionistas, administradores y beneficiarios finales, como parte de las medidas de transparencia previstas para el sector.
En el caso de los juegos de azar por internet, el proyecto plantea un régimen de licenciamiento y controles dirigidos a evitar operaciones no autorizadas.
Las licencias tendrían diferentes períodos de vigencia dependiendo del tipo de actividad: tres años para los bingos; cinco años para bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas; y 10 años para casinos, bancas deportivas, licencias de tragamonedas y juegos de azar por internet.
La propuesta también incorpora medidas relacionadas con el juego responsable, entre ellas mecanismos de protección para menores de edad y acciones para prevenir las adicciones, además de avisos obligatorios en los establecimientos dedicados a estas actividades.
Gutiérrez consideró que los operadores deben comenzar desde ahora a revisar sus procesos internos ante los cambios planteados. “Este es el momento para que cada operador realice un diagnóstico regulatorio de su empresa”, indicó la especialista.
El régimen sancionador es otro de los puntos que, según Gutiérrez, requerirá especial atención. De acuerdo con el contenido del proyecto citado por la especialista, las consecuencias por incumplimiento contemplarían desde multas administrativas hasta penas de prisión de hasta 10 años para directivos y accionistas en determinados casos.
“Quien cumple, opera; quien incumple, enfrenta consecuencias”, afirmó Gutiérrez al referirse al nuevo esquema de cumplimiento que plantea la iniciativa.
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